La resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de San Sebastián ha anulado la convocatoria de 54 plazas de cuidadoras de residencias llevada a cabo por Kabia, ente autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, al considerar que el perfil de euskera requerido es «excesivo y excluyente».
Los jueces consideran que existe «desproporcionalidad» en los requisitos, ya que «menoscaban el derecho de acceso al empleo público de quienes no acrediten el conocimiento lingüístico requerido». De hecho, defienden que el «índice» de euskera de «obligatorio cumplimiento» establecido por el Plan de Normalización de la Diputación «no puede trasladarse a las bases» de la convocatoria hasta el punto de «sacrificar» el derecho de las perjudicadas. Por ello, explican que «hay otras vías para conseguir el objetivo de normalización propuesto» como «la movilidad, los traslados o los planes de formación».