La justicia vasca ha confirmado la pena de dos años de cárcel y tres de inhabilitación para un miembro de la Ertzaintza tras quedar acreditado que robó 40 euros procedentes del pago de una multa. El fallo del TSJPV subraya que el funcionario tenía disponibilidad sobre los fondos debido a su posición jerárquica, lo que tipifica la acción como un uso ilícito de recursos públicos.
Además de la privación de libertad y la imposibilidad de ejercer como agente de seguridad, el tribunal ha impuesto varias multas económicas al considerar que el acusado ocultó deliberadamente la documentación para evitar que se detectara el robo. A pesar de esta resolución, el agente todavía dispone de la opción de elevar un último recurso ante el Tribunal Supremo.