La empresa Acciona vuelve a situarse en el centro del caso Koldo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya incorporado nuevos indicios que la vinculan con presuntas irregularidades en contratos de obra pública. El último informe remitido al Tribunal Supremo refuerza la hipótesis de que la compañía habría obtenido beneficios gracias a un sistema de comisiones ilegales supuestamente articulado por el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán.
La investigación judicial dio un paso más el pasado viernes, cuando agentes de la UCO, por orden del Supremo, registraron sedes de Acciona en Madrid y Bilbao. Según fuentes cercanas al caso, estos registros pretenden esclarecer el papel desempeñado por la multinacional en los contratos adjudicados durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Los investigadores sostienen que la empresa tuvo un rol destacado en el entramado presuntamente corrupto que habría operado dentro del ministerio, facilitando adjudicaciones irregulares de gran magnitud económica. De acuerdo con estas mismas fuentes, los indicios acumulados apuntan a que Acciona podría ser imputada como persona jurídica, un paso que consideran probable dada la dimensión de los contratos y la supuesta falta de mecanismos internos de control para prevenir estas prácticas.
El caso Koldo continúa así ampliando su alcance, mientras el Supremo analiza la nueva documentación y las responsabilidades de cada implicado dentro de una red que habría funcionado durante años en el ámbito de la obra civil financiada con fondos públicos.