El Gobierno central ha acordado con UGT y CSIF fijar la evolución salarial de los empleados públicos durante los próximos cuatro años. El pacto contempla un incremento acumulado del 11% hasta 2028, que afectará a los más de tres millones y medio de trabajadores del sector público. La primera subida será del 2,5% en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y estará seguida de un aumento del 1,5% en 2026, al que podría añadirse otro 0,5% en función de la inflación registrada el próximo año. Ese complemento, de activarse, también se abonaría con carácter retroactivo en el primer trimestre de 2027.
El resto del incremento salarial pactado se aplicará de manera escalonada a lo largo de los dos años siguientes. Para 2027 se prevé un alza del 4,5%, mientras que en 2028 se añadirá un 2% adicional. Según trasladaron las organizaciones sindicales, el 11% global que puso sobre la mesa el Ministerio de Función Pública se consideraba una oferta cerrada, y tras varias rondas de negociación, finalmente ha cristalizado en un acuerdo que marcará la política retributiva del sector público en el próximo cuatrienio.