La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, ha firmado un decreto para paralizar de forma cautelar la oferta pública de empleo (OPE) de 25 plazas de administrativo que fue aprobada el pasado mes de noviembre. La decisión se produce después de que el proceso fuera recurrido ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales de San Sebastián, cuestionando la obligatoriedad del perfil lingüístico PL3 (equivalente al C1) para la totalidad de las vacantes convocadas. Esta medida afecta directamente a más de 800 aspirantes que ya habían formalizado su solicitud para participar en el concurso-oposición.
El consistorio había publicado las bases de esta convocatoria a finales del año pasado, pero la impugnación judicial ha forzado al equipo de gobierno a frenar los trámites administrativos. Según el decreto de alcaldía, la continuidad del proceso bajo una posible sentencia futura genera una «situación de incertidumbre» inasumible tanto para las personas candidatas como para la propia institución. El Ayuntamiento ha justificado la suspensión en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la eficacia de la resolución judicial que finalmente se dicte, apelando a principios de proporcionalidad y efectividad.
La paralización supone un contratiempo para la planificación de personal del municipio y para los centenares de opositores que se encontraban preparando las pruebas. Por el momento, el proceso selectivo permanecerá bloqueado a la espera de que la justicia se pronuncie sobre si la exigencia del perfil C1 en todas las plazas es ajustada a derecho o si, por el contrario, vulnera los principios de acceso a la función pública. Este caso se suma a otros litigios recientes en Euskadi relacionados con los requisitos lingüísticos en la administración local, un debate que sigue generando división en el ámbito judicial y político.